El estado de alarma

La situación del pasado 5 de Diciembre de 2010 vivida en los aeropuertos fue de total caos y descontrol. Esto fue provocado por el abandono de los controladores de su puesto de trabajo. Más de 300.000 personas se quedaron sin poder viajar, en un puente que hubiera podido ser muy beneficioso económicamente si tales hechos no se hubieran producido. A partir de este contexto, el gobierno español decretó el estado de alarma, que supuso la movilización militar de los controladores.

Dirigir el tránsito de aeronaves, no la vida de los ciudadanos

Los controladores se encargan de dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos de modo seguro, ordenado y rápido. También son funcionarios, es decir, cargos públicos, y como tales no pueden abandonar incondicionalmente sus puestos de trabajo. La razón por la cual este colectivo tan necesario en los aeropuertos dejaron sus puestos de trabajo fue porque el gobierno, en negociaciones con AENA y los sindicatos, querían pactar una reducción de los sueldos y un aumento de las horas laborales de los controladores, cuyo sueldo anual es de 200.000€. Ya que las negociaciones no prosperaron, los controladores decidieron abandonar sus puestos de trabajo, dejando el panorama aeroportuario español como un auténtico escenario de guerra.

No solamente desobedecieron el artículo 102 del Código Penal militar, sino que también fastidiaron las vacaciones de cientos de miles de personas que iban a volar aquel puente. Sin duda la huelga programada por los controladores iba destinada a hacer el máximo daño posible, ya fuera para castigar al sector turístico con unas pérdidas millonarias o para hacer ver a la gente que ellos son entes superiores a la voluntad popular. Tampoco es discutible el recorte salarial y social de los controladores, mas disfrutaban de más privilegios y recursos que la mayoría de los trabajadores de España.

Una actuación gubernemental justa - por fin

Aunque la gestión del gobierno dejó mucho que desear por la incompetencia y la lentitud en la que se llevó todo a cabo, se encuentra muy acertada la decisión de decretar el estado de alarma. Para aprobarse tal estado, se tuvo que llevar al Congreso y aprobar por la mayoría de la cámara, hecho que fue favorable gracias al amparo del partido de la oposición. El Estado de alarma duró 15 días más otros 15 de prórroga, en los que los controladores fueron sustituidos por militares mientras se investigaban las causas y los culpables de tales abandonos, ya que la gran mayoría de los controladores no acudieron a sus puestos de trabajo alegando que tenían estrés o se encontraban mal, excusas con las que lamentablemente algunos funcionarios se benefician para evitar ir a trabajar.

Estado democrático de alarma

Mucha gente tilda a esta acción de totalitaria e injusta, cosa que es rotundamente falsa. Según el artículo 116 del Título V de la Constitución Española, una Ley Orgánica regula los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Ésta es la Ley Orgánica 4/81 del 1 de Julio, en la que se dice que el gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional. Uno de los motivos por los que se puede decretar el estado de alarma es por la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2.

En conclusión, el estado de alarma fue imprescindible para evitar el caos aéreo y asegurar que los pasajeros pudieran viajar libremente por cielo español, aunque la acción del gobierno podría haber sido más ágil y veloz, sobretodo evitando la huelga de los controladores con más negociación y previsión.