La legalización de Bildu

He aquí la historia de Bildu, un partido político que puso en evidencia, una vez más, la pésima calidad democrática del Estado Español.

Todo empezó el 27 de junio de 2002, cuando se aprobó una polémica Ley Orgánica de Partidos Políticos, que endurecía los requisitos para la creación de un partido. Ésta medida tenía como principal objetivo sacar del sistema democrático a las formaciones políticos afines a organizaciones terroristas, principalmente a Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Fue una medida muy criticada por los partidos de izquierda e incluso por las instituciones más relevantes en Derechos Humanos como Amnistía Internacional, que criticaban que la ley era demasiado ambigua en determinados aspectos y puede ilegalizar a partidos que propugnen el cambio de principios constitucionales de forma pacífica, o que comparten símbolos u objetivos con grupos terroristas, cómo la independencia del país vasco.

Ilegalización sistemática

El relator especial de la ONU en Derechos Humanos también se mostró preocupado con la medida y consideró que impedir la participación electoral debía ser “de carácter estrictamente excepcional y estar previsto en la ley”. Por lo tanto, el Estado Español se tomó muy al pie de la letra las recomendaciones de la ONU y “sólo” ilegalizó a 12 partidos políticos de la izquierda abertzale en menos de diez años. Es decir, el Estado asumió con normalidad ésas medidas extremas.

Viendo cómo todas sus tentativas eran frustradas, los integrantes de la izquierda abertzale entendieron que nunca serían legalizados si no se alejaban de las tesis de ETA y rechazaban la violencia. Y así nació en abril de 2011 la coalición Bildu, donde todos sus integrantes firmaron para poder presentarse a las listas, un compromiso de oposición “por todos los medios […] a cualquier violación de los derechos humanos y al uso de la violencia”. Era un primer paso esperanzador para la normalización democrática del país vasco… hasta que en menos de un mes, el Tribunal Supremo ilegalizó la coalición.

En caso de duda, culpable

Si hay una palabra para describir ésta situación es de enorme frustración. Después de que la izquierda abertzale madurara su discurso y rechazara la violencia, se les volvía a ilegalizar. Así pues, se utilizó la justícia con fines puramente políticos, acentuando una vez más, la poca independencia del poder judicial en el Estado Español, estrechamente ligado a los intereses y fuertes presiones de los dos principales partidos, el PP y el PSOE.

La sentencia se basaba en afirmar que ciertos miembros de la coalición tenían vínculos con ETA o los partidos anteriormente ilegalizados, pero nunca sin especificar qué clase de vínculos (no es lo mismo ser militante de la ilegalizada Batasuna que conocer o ser familiar de un miembro). A decir verdad, en todas las listas (258) sólo había 2 con ex-integrantes de las formaciones anteriormente ilegalizadas. Lo lógico sería que el Tribunal Supremo hubiera impedido presentarse a ésas personas y no a toda la coalición. Porque los colectivos no delinquen, sólo las personas físicas.

Y aunque fuera verdad que Bildu en su generalidad tuviera vínculos con ETA, que no es así, estando en un contexto de alto al fuego de la banda armada desde 2010, si de verdad se quiere acabar con el terrorismo se tiene que iniciar un diálogo y reconducir un sentimiento de parte de la comunidad vasca para que esté representado dentro del sistema institucional. En la historia europea reciente tenemos un claro ejemplo de eso: el Sinn Féin en Irlanda del Norte, considerado el brazo político del IRA, que ayudó enormemente en el proceso de paz y al fin de las hostilidades.

La legalización legitima las elecciones

Sin embargo, la coalición recurrió al Tribunal Constitucional, que en poco tiempo les dio la razón, porque el Supremo les había vulnerado los derechos constitucionales de reunión y afiliación política. Por fin, la izquierda abertzale se pudo presentar otra vez a unas elecciones.

Finalmente, después de ésta gran odisea, en las elecciones municipales Bildu obtuvo el 25% de los votos. Fue la segunda fuerza más votada (con más de 276.000 votos) y la primera en nombre de regidores.

Por lo tanto, celebro la decisión del Tribunal Constitucional que legalizó a Bildu, ya que viendo a posteriori éstos resultados y comprobando el gran peso de la coalición, la ilegalización sólo hubiera traído una deslegitimación de las elecciones, ya que hubiera dejado excluída a una parte notoria de la sociedad vasca.

El doble rasero de las derechas españolas

En España existe una doble vara de medir. Los movimientos independentistas vascos son ilegalizados mediante la ley de partidos, pero en cambio sí pueden concurrir en las elecciones partidos que fomentan la xenofobia cómo España 2000 o PxC, o incluso el partido único del franquismo: la Falange Española y de las JONS, que en absoluto defiende valores democráticos. Pero claro, sólo se considera apología al terrorismo cúando se defiende ETA y no cuando se relativiza o se alaba a la figura de Franco.

Uno de los partidos que más se caracterizó por su campaña para la ilegalización de Bildu fue el Partido Popular, que en una ocasión incluso declaró que apoyaría “a cualquier medida que tenga por objeto sacar a Bildu de las instituciones”. Un anténtico alarde de democracia, ¿verdad? 

Su hipocresía no tiene límites. El Partido Popular todavía se muestra reticente para condenar el régimen franquista, una de las peores dictaduras de la europa occidental (por cada asesinato político de Mussolini, Franco cometió 10.000). Sin ánimo de relativizar las víctimas, han tenido mayor reconocimiento y homenaje las 839 víctimas de ETA que las más de 200.000 víctimas políticas del terrorismo de Estado. Por lo tanto, ¿cómo pueden exigir a la izquierda abertzale que condene a ETA cuando todavía es una realidad, mientras que ellos les cuesta condenar a un dictador que lleva muerto 35 años?